La medida tomada por el Senado, aprobó por unanimidad una Ley General que busca prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión. Esto endurece las sanciones para delincuentes y funcionarios, y es una medida de protección para las víctimas.
Además de elevar la sanción a 42 años de prisión, también se impedirá que los reclusos usen celulares y dispositivos electrónicos mientras se encuentran privados de libertad.
La pena de 25 años puede elevarse según el daño que se cause, y puede llegar hasta 42 años si la extorsión se lleva por un delincuente preso, si se emplea la violencia, o si también es miembro de una organización criminal.
Esta ley se aprobó con 110 votos a favor y ninguno en contra. La reforma es parte de las medidas del Estado de México, de demostrar sin ambigüedad que no se tolerará más ningún delito, de ninguna forma.
En este dictamen se contempló una sanción de al menos 12 años de prisión para reos que se encuentren con celular o cualquier dispositivo electrónico en penales. Asimismo, se aplicará a funcionarios que permitan la entrada de los mismos.
Adicionalmente, se estableció de 10 a 20 años de prisión para funcionarios del Ministerio Público, policías y empleados que no denuncien delitos de extorsión, o que estén relacionados con algunos casos.
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