El gobierno de Donald Trump concedió un acuerdo este martes 21 de enero, que podría agravar aún más la ya complicada circunstancia migratoria en EU.
En un gesto audaz, el mandatario republicano otorgó permisos para redadas antimigrantes en sitios anteriormente categorizados como «protegidos» —escuelas, iglesias y hospitales— áreas que, durante la gestión de Joe Biden, estaban bajo la responsabilidad de las autoridades migratorias.
La justificación de Trump y su equipo es clara: «Empoderar a los agentes de migración para que sigan las leyes» y capturen a quienes califican como “criminales extranjeros”. En palabras de un portavoz del DHS, los agentes de inmigración tendrán carta blanca para “detener a los que se esconden en escuelas, iglesias y otros sitios de refugio”.
No obstante, no se proporcionaron evidencias ni casos específicos que respaldaran la presencia de este tipo de delincuentes refugiados en esos sitios. Un hueco que permite la especulación y la discusión.
El regreso de la “emergencia nacional”
En su primer día como presidente, declaró una “emergencia nacional” en la frontera, abriendo el paso para una serie de medidas drásticas que incluyen la militarización de la zona y la promesa de deportaciones masivas.
—No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer— aseguró Trump con tono firme durante su discurso inaugural. Estas acciones ejecutivas no fueron una sorpresa. Ya había sido claro en sus intenciones durante la campaña.
Con la emergencia nacional como bandera, Trump autorizó el despliegue de fuerzas militares en la frontera para repeler lo que calificó como “formas de invasión”, refiriéndose tanto a la migración irregular como al tráfico de drogas.
La orden ejecutiva también establece que todos los migrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos serán deportados inmediatamente, reinstaurando la práctica de las deportaciones «en caliente», sin procesos judiciales previos.
El retorno del programa ‘Permanece en México’
Una de las medidas más controvertidas de su mandato anterior fue el programa ‘Permanece en México’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos. Trump, en su regreso al poder, lo restableció.
Este programa obligaba a los migrantes a vivir en condiciones precarias mientras aguardaban una respuesta a su solicitud, situación que fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.
La suspensión del CBP One y el fin del ‘parole’ humanitario
Trump también puso fin a dos iniciativas que su antecesor, Joe Biden, había impulsado para disuadir la migración irregular. Una de estas fue la aplicación móvil CBP One, establecida en 2023, que facilitó la registro y petición de cita para ser procesados en la frontera de más de 930,000 migrantes.
Una de las otras fue la anulación del permiso humanitario o «parole» concedido a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, facilitándoles su presencia en el país mientras se analizaban sus peticiones de asilo.
Con su destitución, Trump fortalece la posición de su gobierno de poner fin a toda tentativa de migración irregular, sin matices ni excepciones.
Los “sitios protegidos” y la revocación de la directriz de Biden
La anulación de la directriz de Biden, que resguardaba algunas áreas de los operativos migratorios, es indiscutiblemente un aspecto crucial en esta reanudación de las políticas antimigrantes. Durante la gestión anterior, sitios como escuelas, hospitales, iglesias, refugios para víctimas de violencia doméstica e incluso funerales, eran vistos como lugares donde las redadas no podían realizarse sin el permiso explícito de un superior.
Estas zonas eran consideradas como «áreas seguras» para los migrantes, con el objetivo de prevenir que las personas temieran acudir a estos lugares vitales por temor a ser arrestadas.
—Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe— decía el memorando emitido en 2021, defendiendo la idea de que la migración debe ser gestionada de manera respetuosa, sin interferir en el acceso a servicios vitales.
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