El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa para reforzar la protección legal de las pensiones alimenticias, ante casos recurrentes de incumplimiento que afectan a sectores vulnerables y dificultan el acceso a la justicia, señaló la diputada de Morena, Magaly Deándar Robinson.
La propuesta, presentada por la legisladora, plantea modificar el artículo 295 del Código Penal estatal con el fin de castigar con mayor rigor a quienes evadan el pago de pensiones alimenticias, buscando eliminar lagunas legales que actualmente permiten evadir esta responsabilidad.
Deándar explicó que la legislación vigente tipifica el abandono de obligaciones alimentarias únicamente para quienes incumplen con padres, cónyuge, concubina o concubinario, o hijos menores de 18 años, dejando fuera a otros dependientes que también requieren protección.
La diputada afirmó que esa exclusión deja sin respaldo jurídico a padres y a hijos mayores de edad que continúan sus estudios, quienes también dependen económicamente y carecen de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Además, recordó que el concepto de alimentos no se limita al alimento directo, sino que incluye vivienda, salud, educación, vestido y esparcimiento, derechos que deben garantizarse para asegurar condiciones de vida dignas.
La iniciativa también señala que la falta de actualización entre el Código Penal y el Código Civil estatal ha provocado que numerosos casos queden impunes, afectando de manera particular a adultos mayores y jóvenes en formación académica.
De aprobarse la reforma, el Congreso incorporaría explícitamente a los padres y a los hijos mayores que cursen estudios como beneficiarios de las pensiones alimenticias, con el objetivo de fortalecer la protección familiar y cerrar el paso a quienes buscan evadir sus obligaciones económicas.
Autor
Descubre más desde Cronista
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
