Provoca el alza en colegiaturas la migración a escuelas públicas

Entre 2023 y 2025, las escuelas privadas del país, incrementaron hasta en un 15% el costo de la colegiatura en nivel básico, lo que ha generado una disminución en la matrícula, pues por los altos costos, los padres se asfixian y deciden enviar a sus hijos a escuelas públicas, expuso Alfredo Villar Jiménez.

El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), refirió que durante el ciclo escolar pasado (24-25), algunos hogares mexicanos invirtieron hasta 22 mil 500 pesos en los primeros pasos de la educación de sus hijos.

“Los precios en la educación primaria se muestran moderados con un rango entre dos mil 800 y 12 mil pesos. Los precios de secundaria llegaron a mostrar precios entre 3 mil 599 y 18 mil pesos; sin contar las cuotas escolares”.

Colegiaturas son un Acuerdo Civil, no Mercantil

En ese sentido, afirmó que las colegiaturas en instituciones privadas no constituyen un servicio mercantil, sino un acuerdo civil entre padres de familia y escuelas.

“La educación no es una actividad mercantil, es un servicio público de interés social”, sostuvo.

Según Villar Jiménez, las escuelas particulares están obligadas a cumplir con los planes y programas oficiales, pero también pueden ofrecer servicios adicionales, como materias extracurriculares, que implican costos extra. En ese sentido, los aumentos en colegiaturas deben ser aceptados por los padres mediante la firma de un contrato.

“Nada es gratuito. Aún las escuelas oficiales se pagan a través de los impuestos”, agregó.

Impacto de la Pandemia y Transparencia

El representante de ANFE-ANEP reconoció que, tras la pandemia, muchas escuelas enfrentaron deserción y falta de pagos, lo que ha derivado en ajustes variables en las colegiaturas. Algunas instituciones han congelado precios, mientras que otras evalúan incrementos del 4% o más.

Sobre la transparencia en el uso de recursos, Villar Jiménez señaló que las escuelas deben cumplir “exactamente con lo que ofrecen”, y que cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante tribunales civiles, sin embargo, no mencionó mecanismos específicos de supervisión o rendición de cuentas.