El Congreso de Tamaulipas recibió una propuesta legislativa para establecer como garantía constitucional el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir ayudas técnicas, como sillas de ruedas, audífonos o prótesis.
La iniciativa fue promovida por los legisladores panistas María Del Rosario González Flores y Gerardo Peña Flores. “Queremos poner un alto a dichos vicios en ese tipo de programas sociales, y mediante la reforma que se propone en el artículo 16 de la Constitución de Tamaulipas, buscamos reconocer expresamente un derecho que de hecho resulta acorde e implícito en el marco nacional”, señaló Peña Flores.
Insuficiencia del esquema actual
Los diputados subrayaron que, aunque actualmente se distribuyen ayudas técnicas a través del DIF estatal, los ayuntamientos, instancias de salud y programas de gestión social, el esquema no garantiza un reemplazo periódico ni cubre la totalidad de la demanda.
“El Estado garantizará la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad permanente con la periodicidad que requiera en aras de su rehabilitación y habilitación, dando prioridad a personas en situación de carencia social y de ingresos”, expusieron.
Mal uso de apoyos económicos
Peña Flores advirtió que los apoyos económicos, como pensiones o becas, no siempre llegan a quienes realmente los necesitan. “En ocasiones es la propia familia quien priva a su familiar del apoyo para destinarlo a otra necesidad o gusto”, denunció.
La propuesta plantea que el gobierno estatal adopte medidas legislativas y ejecutivas con los máximos recursos disponibles para garantizar los derechos sociales, entre ellos salud, educación, trabajo, vivienda y un medio ambiente sano, en aras de una igualdad de oportunidades.
Convertir programas en política de estado
El legislador destacó además que en México se ha avanzado al elevar algunos programas sociales a rango constitucional. “Con ello logramos, entre otras cosas, que ningún gobierno o partido político se apropie electoralmente de un programa social como estandarte, sino que por el contrario, todo el pueblo tenga la confianza de que dichos programas son en realidad una política de Estado”.
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