Ante la amenaza de un posible desalojo por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el regidor de Movimiento Ciudadano, Pato Pérez, visitó a las familias asentadas en el cauce del río San Marcos para buscar soluciones que eviten que pierdan sus viviendas.
El edil acudió a la zona para dialogar directamente con los residentes, quienes enfrentan una notificación del gobierno federal por habitar en una zona de jurisdicción federal considerada de alto riesgo. Durante su recorrido, Pérez se comprometió a iniciar un proceso de acompañamiento para defender sus derechos.
«Me acerqué no solo para escuchar, sino para tomar sus datos y comenzar a trabajar en alternativas reales. Vamos a buscar el camino legal y social para que estas familias sean tomadas en cuenta antes de cualquier decisión», declaró el funcionario municipal.
Los asentamientos en los márgenes de ríos y arroyos son una problemática constante en diversas ciudades del país. La CONAGUA, como autoridad responsable de administrar los cuerpos de agua nacionales y sus zonas federales aledañas, argumenta que estas ocupaciones irregulares representan un grave peligro para la vida de las personas, especialmente durante la temporada de lluvias y crecientes.
En las últimas semanas, la dependencia federal ha intensificado las notificaciones en esta área de la capital, instando a los habitantes a desocupar los predios para prevenir desastres con prórroga de fecha del mes de diciembre del año en curso.
El regidor Pato Pérez enfatizó el lado humano del conflicto, subrayando que detrás de cada vivienda hay historias de vida y derechos que deben ser considerados por las autoridades antes de cualquier acción.
“Porque no se trata solo de viviendas, se trata de personas, de historias, de derechos. Desde mi responsabilidad como regidor, seguiré levantando la voz y tocando las puertas necesarias”, puntualizó.
Finalmente, el representante de Movimiento Ciudadano aseguró que su intervención busca generar soluciones concretas y no solo promesas, reiterando su compromiso de ser un enlace directo entre los ciudadanos afectados y las instancias de gobierno.
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