El panorama político en Estados Unidos se agita otra vez. La causa inmediata: el presidente electo Donald Trump pidió a la Corte Suprema que aplace la ley que, en cuestión de semanas, activará la prohibición de TikTok a menos que su empresa matriz china la venda antes del 19 de enero.
Esto altera el clima de redes sociales, usuarios, creadores de contenido y expertos que, hasta hace poco, pensaban que el asunto estaba prácticamente resuelto. — El nuevo escenario deja al descubierto la tensión entre la seguridad nacional y la libertad de expresión digital —.
Ese contraste se vuelve más claro cuando se observa el entorno político: las facciones que advierten sobre espionaje e injerencia extranjera chocan contra quienes creen que el Congreso y el presidente no valoraron caminos menos drásticos.
El argumento de Trump
De acuerdo con la presentación de Trump ante la Corte Suprema, él no adoptó una postura definida sobre la constitucionalidad de la ley. En cambio, aseguró que, una vez investido el 20 de enero, tendrá la habilidad y la voluntad política para buscar un acuerdo que preserve la plataforma.
Bajo su criterio, una venta precipitada no convendría a ninguna de las partes. Prefiere un margen adicional que permita negociar con calma y, de ser posible, cuidar a los millones de usuarios que se verían afectados. — Según él, su experiencia como negociador lo capacita para proteger la seguridad y, a la vez, conservar la app activa —.
Aunque el presidente electo promovió antes la prohibición de TikTok, en las últimas semanas ha cambiado el tono. Ahora habla con aprecio de la plataforma, sobre todo por el valor que representó en la campaña electoral para atraer a sectores jóvenes.
La postura del Departamento de Justicia
Mientras el presidente electo pide esa prórroga, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por personal nombrado por la administración actual, insiste en el riesgo que representa el control chino de la plataforma.
La preocupación se sustenta en la cantidad de datos que la app recopila y en el potencial uso que un gobierno extranjero podría darle, tanto para recabar información como para manipular la opinión pública.
Elizabeth Prelogar, procuradora general, habló con firmeza: La plataforma gestiona información delicada de millones de estadounidenses y podría ser usada como herramienta para operaciones encubiertas. Con esa declaración, dejó en claro que, desde la perspectiva oficial, la urgencia de salvaguardar la seguridad nacional supera cualquier otra consideración.
Prohibición de TikTok: Una jugada estratégica
El cambio de postura de Trump es llamativo. Hasta no hace mucho, había sostenido que bloquear TikTok era la mejor vía para proteger la nación. De repente, se muestra dispuesto a buscar un arreglo que evite cortar el acceso de millones de usuarios. Ese giro provocó reacciones encontradas:
- Quienes lo respaldan ven una astucia natural del mandatario, capaz de equilibrar la seguridad con la libertad digital.
- Mientras que quienes lo critican señalan que solo busca congraciarse con la juventud que lo apoyó en las últimas elecciones.
Desde las esferas más altas de poder, se cuestiona si el mandatario está genuinamente interesado en proteger datos o más bien en conservar un valioso escaparate que podría favorecer su imagen.
El tribunal de apelaciones y la legitimidad de la ley
Anteriormente, un tribunal de apelaciones en Washington aprobó la validez de la ley, con un dictamen unánime (3 a 0). En esa sentencia, se subrayó que el Ejecutivo y el Legislativo poseen amplio margen para actuar en asuntos de seguridad nacional.
Esa decisión representa un obstáculo para Trump, quien pretende convencer a la Corte Suprema de que, al menos, retrase la aplicación de la norma. Algunos de ellos defienden que, si la app cerrara de forma abrupta, perderían ingresos, alcances profesionales y un espacio inigualable de interacción.
Implicaciones a futuro de la prohibición de TikTok
El resultado de este litigio podría marcar un precedente: — Un sí de la Corte Suprema a la solicitud de Trump implicaría un tiempo extra que permitiría buscar una vía diplomática y de negociación —. Mientras tanto, un no significaría que la ley continúa su curso y la app quedaría en vilo, obligada a vender o abandonar el país.
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