La atmósfera en torno al Infonavit se ha vuelto un crisol donde convergen posturas, intereses y temores. Mientras el ruido mediático se intensifica, legisladores de Morena salen al paso para disipar incertidumbres, buscando aclarar un punto clave: que el Gobierno federal no pretende despojar a los trabajadores de los ahorros resguardados en sus subcuentas de vivienda.
Entre declaraciones, énfasis en la transparencia y un debate normativo que todavía no termina de cuajar, la escena adquiere matices complejos.
Alfonso Ramírez: “Carece de sustento real”
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha enfatizado que la polémica sobre la supuesta intención de sacar el dinero de las cuentas Infonavit carece de sustento real. Durante una entrevista radiofónica, Ramírez Cuéllar recalca la esencia misma de la reforma: ampliar las posibilidades de acceso a vivienda digna sin expropiar recursos de la subcuenta.
La insistencia del diputado en la bondad del programa impulsado por Claudia Sheinbaum contrasta con las suspicacias generadas desde algunos frentes opositores.
Explicación de las declaraciones
Desde el punto de vista del legislador morenista, la urgencia no se concentra en la expropiación, se centra en crear soluciones habitacionales eficientes. Ramírez Cuéllar ha subrayado que la propuesta esbozada no contempla saquear cuentas individuales, al contrario: se trata de reforzar la capacidad crediticia, incentivar la construcción de viviendas, propiciar un futuro donde la dinámica de la propiedad inmobiliaria se alinee con la justicia social.
Esta insistencia en que los créditos no serán manipulados por el Gobierno presenta una contrarréplica a quienes tachan las modificaciones de poner en riesgo fondos sustanciosos.
La división es clara
El legislador es consciente de la sombra que se cierne sobre los cambios al Infonavit. Entre quienes dudan se alude a un mayor control del Gobierno en los órganos internos, reemplazando mecanismos de decisión tripartita.
Ramírez Cuéllar responde enfatizando la transparencia y la vigilancia sobre el organismo: la ASF (Auditoría Superior de la Federación) y la Secretaría de Hacienda tendrán un papel determinante en la fiscalización, prometiendo que no habrá espacio para la opacidad.
Esta idea de “no es un experimento sin vigilancia” emerge con fuerza, tratando de contrarrestar la imagen de un instituto que opere sin regulaciones.
Una matriz de responsabilidad y escrutinio
La futura administración encabezada por Claudia Sheinbaum, sugiere Ramírez Cuéllar, no dudaría en informar cualquier anomalía que afectara las cuentas de los trabajadores. Su discurso plantea una matriz de responsabilidad y escrutinio continuo que mantendrá a raya el peligro de perder los recursos.
Dicho con otras palabras, si hubiera indicio de irregularidades, serían ellos mismos, los impulsores de las reformas, quienes alzarían la voz para denunciar. Esta lógica se basa en la convicción de que una pérdida de credibilidad ante la sociedad dejaría marcas imborrables en el prestigio político del partido, algo que nadie desea.
El momento en el que llega la reforma a la Ley del Infonavit
La reforma a la Ley del Infonavit se presenta en un contexto complejo, en el que se debate si la búsqueda de mayor vivienda pasa por reconfigurar las estructuras internas. La oposición señala que la eliminación de direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios desdibuja el equilibrio tripartito que caracterizaba a la institución.
En otros términos, la preocupación no es solo sobre el destino del dinero, también apunta a la legitimidad del modelo de toma de decisiones. Se teme que con un control más directo del Gobierno federal, el Infonavit pierda la esencia de concertación que le daba pluralidad.
Por otro lado, la promesa es ambiciosa: construir un millón de viviendas, abrir esquemas de arrendamiento con apoyo del organismo, expandir la cobertura y atacar de raíz el déficit habitacional.
Las críticas no parar de llover
Entre las críticas más punzantes se cuentan las que insinúan que el Gobierno podría echar mano de los rendimientos de las subcuentas. Se argumenta que con las nuevas disposiciones, el Ejecutivo obtendría acceso a recursos por más de 2 billones de pesos, decidiendo su uso a discreción.
La tensión entre la versión oficial y las suspicacias opositoras es palpable. Aunque Ramírez Cuéllar tilda de falso el argumento de que la intención sea “sacar dinero” de las subcuentas, los detractores lo interpretan como una puerta abierta hacia una manipulación más sutil de los fondos.
El avance del proceso se postergó
En la arena legislativa, el dictamen ya recorrió parte del camino en el Senado. No obstante, en la Cámara de Diputados la historia avanza con ritmo distinto. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció un “espacio de mayor reflexión” que difiere el debate hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en 2025.
La dilatación del debate encierra la esperanza de que la argumentación prevalezca sobre el escándalo mediático. Si la meta de la reforma es justa, si la vigilancia es confiable, si la intención es fortalecer el instituto para brindar mejores condiciones de financiamiento, el tiempo y la discusión a fondo deberían quitar el velo a la desconfianza.
Autor
Descubre más desde Cronista
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
