La diputada María Ascención Álvarez Solís propone reformar la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar asistencia social a ancianos abandonados. Con ello, buscan garantizarles la identidad y el acceso a los servicios básicos de los ancianos en abandono, de calle o sin documentos.
La razón de esto, es que, según Inegi, en el segundo trimestre de 2022 había en México 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años o más, lo que equivale al 14 por ciento de la población total del país. Sin embargo, muchos de estos adultos mayores se encuentran en condiciones de precariedad, abandono y exclusión social. Incluso, algunos de ellos viven en la calle, otros trabajan en lugares que atentan contra su salud física y mental, y otros no tienen acceso a una vivienda digna, una casa hogar o un albergue.
Además, un gran número de ellos no posee documentos que acrediten su identidad, como el acta de nacimiento, la credencial para votar o el comprobante de domicilio. Por otro lado, un estudio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, titulado “Personas en situación de calle”, señala que las poblaciones más marginadas, como las que viven en la calle, carecen de documentos de identidad.
La propuesta de reforma legal para asistencia social a ancianos abandonados
Ante esta situación, la diputada Álvarez Solís ha presentado una iniciativa que modifica y añade los artículos 4º de la Ley de Asistencia Social y 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esto, con el fin de garantizar la asistencia social para las personas mayores en situación de abandono, de calle o que no cuenten con documentos que acrediten su identidad.
La iniciativa busca establecer como sujetos de la asistencia social, de manera preferente, a las personas mayores en abandono, que trabajen en condiciones que afecten su integridad física y mental. También, a ancianos en situación de calle, que no tengan acceso a una vivienda adecuada, casa hogar o albergue, y que no cuenten con documentos que acrediten su identidad.
Asimismo, propone que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia coordine con las autoridades civiles, en las entidades federativas, para facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de las personas mayores. Además, es de destacar que la iniciativa ha sido enviada a las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, para su análisis y dictamen.
La importancia de la protección de los derechos humanos de las personas mayores
La diputada Álvarez Solís sostiene que su propuesta es indispensable para armonizar el marco jurídico nacional en relación con la asistencia social con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2015.
Esta convención reconoce que las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad, autonomía e independencia, y que el Estado debe adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, abuso, maltrato o negligencia contra ellas. Así, la iniciativa legislativa busca proteger los derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, y garantizar su identidad y su acceso a los servicios básicos que les permitan tener una vida plena y digna.
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