El conflicto entre México y Estados Unidos se intensifica debido a la instalación de un «muro acuático flotante» en el Río Bravo por el gobierno de Texas. Esta medida busca prevenir los cruces irregulares de migrantes hacia Estados Unidos y ha sido implementada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott.
La decisión unilateral ha llevado a acciones legales y políticas por parte de los gobiernos del presidente Joe Biden y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El 14 de julio, México presentó una primera nota diplomática acusando a Texas de violar tratados de aguas compartidas.
Posteriormente, el gobierno de Biden presentó una demanda en una Corte Federal para exigir al gobierno de Texas remover la barrera de boyas flotantes, alegando que viola la ley federal y compromete la política exterior con México.
Según el gobierno mexicano, una inspección reveló que el 75% de las boyas flotan en territorio mexicano. Además de la barrera flotante, se ha instalado una malla con púas y contenedores que desvían el cauce del Río Bravo.
Ambos la Cancillería mexicana y la embajada de México en Washington han declarado que esta barrera viola los derechos humanos y los tratados de agua. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el «muro flotante» es ilegal y está siendo utilizado políticamente por el gobierno de Texas.
Mientras tanto, el Gobernador de Texas defiende la instalación y permanencia de las boyas, alegando un fracaso en la política de seguridad fronteriza del gobierno de Biden.
Se reporta que algunos migrantes han quedado atrapados en las estructuras, requiriendo rescate. Además, se están investigando informes de que se ha instruido a los agentes estatales a arrojar niños al río y a negar agua a los migrantes que cruzan por esa zona para solicitar asilo.
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