Cdmx.- El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha destacado que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) establece un mínimo de 30 días para el diálogo antes de recurrir a procedimientos de resolución de disputas, aunque se pueden prolongar si ambas partes lo acuerdan. Según él, no hay límite de duración para estas conversaciones si los gobiernos están de acuerdo en continuarlas. Salazar ha invitado al gobierno mexicano a aprovechar esta oportunidad para ofrecer los recursos y la experiencia técnica necesarios para asegurar una resolución exitosa de los importantes temas en cuestión.
En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo que prohibía el uso de maíz transgénico y glifosato en México, medidas que entrarían en vigor hasta el próximo año. Sin embargo, en febrero de este año, publicó un nuevo decreto que permite el uso de maíz genéticamente modificado para consumo animal y procesos industriales, aunque mantiene la prohibición para consumo humano.
Salazar ha indicado que las consultas técnicas fueron solicitadas por la oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos debido a las recientes acciones de México en torno a la biotecnología agrícola. Según él, estas consultas ofrecen una oportunidad para resolver las preocupaciones de los Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y subrayan el compromiso compartido con un enfoque regulatorio basado en la ciencia.
En resumen, el embajador estadounidense ha señalado que el T-MEC ofrece un plazo mínimo de 30 días para el diálogo antes de recurrir a procedimientos de resolución de disputas, pero que la duración de estas conversaciones puede ser prolongada si ambas partes están de acuerdo. Además, ha invitado al gobierno mexicano a aprovechar esta oportunidad para ofrecer recursos y experiencia técnica para resolver exitosamente los importantes temas en cuestión. También ha destacado que las consultas técnicas solicitadas por Estados Unidos ofrecen una oportunidad para resolver las preocupaciones sobre las políticas biotecnológicas de México y subrayan el compromiso compartido con un enfoque regulatorio basado en la ciencia.
