El Poder Judicial de Tamaulipas avanza en la elaboración de una propuesta de reforma a su Ley Orgánica, la cual podría ser enviada al Congreso del Estado en 2026. Una vez entregada, será el Poder Legislativo quien determine su análisis, ruta parlamentaria y eventual aprobación, lo que coloca al Congreso como pieza central en el futuro del proyecto.
La iniciativa se desarrolla en mesas de trabajo encabezadas por Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, junto con magistradas y magistrados que revisan cada apartado legal con el fin de definir los ajustes necesarios. El proceso busca presentar al Congreso un documento claro, ordenado y técnicamente sólido para facilitar su evaluación legislativa.
Autoridades judiciales señalaron que este ejercicio interno es indispensable para que el Congreso cuente con una propuesta actualizada y coherente. Indicaron que la revisión exhaustiva de la ley permitirá “modernizar la justicia y adaptarla a los cambios que vive la sociedad actualmente”, lo cual servirá como base para la discusión parlamentaria.
En las sesiones se analizan facultades, procedimientos administrativos, esquemas de organización interna y mecanismos de operación que podrían modificarse. Los participantes destacaron que una legislación más clara y actual permitirá al Congreso contar con mejores elementos al momento de dictaminar.
Además, las mesas de trabajo incorporan la evaluación de avances tecnológicos que el Poder Judicial ha puesto en marcha en los últimos años. La intención es que la futura iniciativa, una vez en manos del Congreso, refleje formalmente el uso de herramientas digitales y nuevas dinámicas procesales.
Los magistrados coincidieron en que la actualización normativa debe responder al crecimiento de la demanda ciudadana y a la necesidad de agilizar trámites sin comprometer la certeza jurídica. “Es un trabajo que fortalece el rumbo del Poder Judicial de Tamaulipas”, señaló uno de los integrantes, al subrayar que la función final recaerá en el Congreso.
De acuerdo con las autoridades judiciales, la propuesta será construida con un enfoque técnico y consensuado para garantizar su viabilidad. Una vez concluida, será presentada a la Presidencia del Tribunal, que definirá el momento oportuno para remitirla al Poder Legislativo.
El proyecto se integra al proceso de modernización institucional iniciado en los últimos años y que, con el eventual análisis del Congreso, podría consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente y acorde con las necesidades actuales.
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