El Poder Judicial de Tamaulipas inició un proceso de depuración administrativa que resultará en la eliminación definitiva de miles de expedientes concluidos. La medida abarca archivos con hasta seis décadas de antigüedad, lo que ha generado preocupación por la posible pérdida de la memoria histórica y jurídica del estado.
Las autoridades han otorgado un plazo de 90 días para que los interesados que formaron parte de estos juicios acudan a recuperar documentos originales antes de su destrucción total.
Alcance de la depuración por materia
La disposición, fundamentada en un acuerdo del Consejo de la Judicatura aprobado en 2018, afecta archivos resguardados en diversos distritos judiciales bajo los siguientes criterios:
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Materia Penal: Se eliminarán expedientes generados entre 1960 y el año 2000.
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Materias Civil, Mercantil y Familiar: La destrucción alcanzará archivos del periodo 1960 a 2010.
Estos documentos se encuentran actualmente en archivos de concentración y, tras vencer el plazo legal, serán eliminados sin que exista un registro público detallado sobre el volumen exacto de información o el valor social de los casos que desaparecerán.
Incertidumbre sobre el patrimonio documental
A pesar de que el Poder Judicial justifica la acción como una política de optimización de espacios y administración, el aviso oficial carece de precisiones sobre la magnitud de la destrucción. Especialistas y observadores señalan los siguientes puntos críticos:
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Falta de inventario público: No se ha especificado el número de expedientes ni se ha realizado una valoración previa para rescatar casos de interés histórico.
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Irreversibilidad: Una vez concluido el proceso, no habrá posibilidad de consulta para análisis académicos, legales o históricos.
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Memoria Jurídica: La desaparición de casos penales de finales del siglo XX cierra capítulos informativos sobre la evolución del sistema de justicia en la entidad.
Una vez agotado el periodo de gracia para la recuperación de documentos personales, los archivos serán desechados conforme a la normativa administrativa vigente.
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