El abogado general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Carlos Mora García, denunció ayer en conferencia prensa por peculado al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al exrector Guillermo Mendoza Cavazos, quienes maquinaron una serie de transacciones ilícitas para perpetrar un desfalco en contra de nuestra máxima casa de estudios por cerca de 700 millones de pesos.
Acompañado por la titular del Órgano Interno de Control de la UAT, María del Rosario Flores Salomón, el abogado Mora García explicó que en el 2016 se suscribió un convenio entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado con el propósito de proporcionar un subsidio a la UAT para financiar sus actividades académicas y de investigación.
El convenio fue que la SEP y el Gobierno del Estado aportarían la cantidad de 4 mil 122 millones 429 mil pesos a la UAT en el 2022, por lo que en abril de ese mismo año el entonces rector Mendoza Cavazos solicitó a la administración de García Cabeza de Vaca un predio de 66 hectáreas en Reynosa para la construcción de un campus universitario.
De los 4 mil 122 millones 429 mil pesos, la SEP aportaría 2 mil 471 millones 690 mil pesos, mientras que la administración de García Cabeza de Vaca entregaría 1,650 millones 739 mil pesos.
Y aquí empezó la transacción ilícita porque el terreno de 66 hectáreas fue transferido a la UAT con un sobreprecio de 174 millones de pesos, cuando en realidad el valor era de sólo 13 millones de pesos.
La enajenación del predio fue aprobada por el Congreso Local en 2 de junio de 2022, tras la iniciativa enviada por el entonces Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores.
Cabe aclarar, que el Gobierno del Estado le adeudaba 187 millones de pesos por concepto de aportaciones a la UAT, por lo que la donación del terreno fue considerada como el finiquito del pasivo.
El abogado Mora García señaló que esta transacción ilícita forma parte de una serie de irregularidades que ha detectado el Órgano Interno de Control de la UAT, conforme a las indicaciones del rector Dámaso Anaya Alvarado desde que se hizo cargo de nuestra alma mater.
Y como se ve que hay “mar de fondo”, seguramente se ampliará la investigación de la denuncia presentada ayer por el desfalco que sufrió la UAT, ya que existe una investigación en curso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares Páramo.
En otro tema, el bloqueo de la carretera Rumbo Nuevo por ejidatarios encabezados de Ricardo Reyes López, indica claramente que nadie comparte la idea del titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, quien pretende convertir esta vía de comunicación terrestre de cuota luego de que por más de 20 años es y ha sido de libre tránsito.
Reyes López tiene razón en señalar que se trata de una privatización de una carretera estatal que fue construida durante la administración de Manuel Cavazos Lerma, por lo que efectivamente requiere de una reconstrucción porque por muchos años no recibió una conservación adecuada por el tránsito de camiones de carga y tráileres que se registra diariamente.
Si bien es cierto que la carretera Rumbo Nuevo requiere de una inversión de cerca de 850 millones de pesos, Cepeda Anaya deberá de buscar el financiamiento del gobierno federal para la rehabilitación completa de esta importante vía de comunicación para el traslado de mercancía de la zona del bajío y del centro del país hacia los Estados Unidos.
Por cierto, algunos ingenieros señalan que la empresa “Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) calculó mal la inversión que se requiere para la rehabilitación profunda que requiere la carretera Rumbo Nuevo, puesto que se propone invertir 700 millones de pesos, según su propuesta presentada ante la SOP.
No descartan la posibilidad de que en caso de Cepeda Anaya logré sacar el visto bueno de los ejidatarios de Boca de Juan Capitán, Alta Cumbre, El Huizachal, San Juan de Oriente y San Antonio para privatizar la carretera Rumbo Nuevo, la constructora Pinfra solicite de inmediato una ampliación del presupuesto inicial por el encarecimiento de los materiales de construcción.
De regreso con el bloqueo que realizaron ayer los ejidatarios inconformes, algunos señalan que la SOP debería de presentar un proyecto alterno, es decir una nueva carretera, para que sea de cuota y dejar libre la carretera Rumbo Nuevo, como sucede en otras partes del país.
En fin, los proyectos del ingeniero Cepeda Anaya parece ser que no prosperarán, como la primera autopista de cuota para comunicar los puertos de Altamira y Tampico con la zona industrial de Monterrey, que anunció con “bombos y platillos” en junio del año pasado, pero ni siquiera tiene el proyecto ejecutivo para convertir esta obra en realidad.
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