La propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador deja a un lado el mérito personal y la capacidad profesional de los abogados para lograr ser jueces, magistrados y ministros, a fin de imponer un sistema de elección popular sumamente controvertido para ocupar estos cargos en el sistema judicial, cuyo proyecto legislativo sólo busca dinamitar la carrera judicial.
Y aunque López Obrador argumenta que el pueblo nunca se equivoca, la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular echa por tierra los años de preparación y experiencia que deben tener y mostrar para ir subiendo en el escalafón de la carrera judicial.
En el artículo 116 de la iniciativa, en su inciso tercero, plantea que los Congresos Locales deberán adecuar sus legislaciones a la federal para que se elijan a los magistrados y jueces por voto directo y secreto.
Da un plazo de 180 días después de la aprobación de la reforma federal para hacer las adecuaciones legales, pero no fija un límite de fecha para los comicios de magistrados y jueces locales.
La reforma judicial pretende elegir mil 688 cargos en el ámbito federal, pero también a 5 mil 025 juzgadores locales en los 32 estados del país, es decir a 627 magistrados y 4 mil 398 jueces locales, según datos oficiales.
En el caso del Poder Judicial Federal en Tamaulipas, se definirían por voto popular en las urnas más de 100 juzgadores del poder local, incluidos diez magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Hoy se llevará a cabo el Segundo Foro de la Reforma Judicial organizado por la Cámara de Diputados en Guadalajara, Jalisco, en donde se hablará de la “Conformación y reorganización del Poder Judicial; La Nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Duración en el cargo de jueces, magistrados y ministros”, entre otros.
Todavía hay muchos resabios del Primer Foro realizado la semana pasada en el Palacio de San Lázaro, puesto que no sólo se atacó en forma sistemática a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, sino también se cambió el orden de los participantes para dar entrada de último momento al exmagistrado Arturo Saldívar Ladrón de Guevara, como lo denunció la magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Emilia María Molina de la Puente.
La magistrada Molina de la Puente aseveró que fue “silenciada” durante una entrevista poco después de concluyó el Primer Foro de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, puesto que fue cancelada su participación sin previo aviso para que el exmagistrado Saldívar Ladrón de Guevara hiciera el uso de la palabra sólo para atacar a la ministra presidente Piña Hernández.
En contraste, se lograron varios acuerdos que hablan de la disponibilidad de lograr cambios en el sistema judicial, como que las sustituciones escalonadas de aquellas plazas que surjan en las distintas áreas del sistema judicial.
En fin, vamos a ver en qué termina este capricho de López Obrador de imponer un sistema de elección popular para jueces, magistrados y ministros en lugar de privilegiar la carrera judicial en base de méritos personales y capacidades profesionales.
En otro tema, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, aseveró que el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 presentado el pasado 26 de junio por el rector Dámaso Anaya Alvarado, refleja la visión prospectiva de la UAT para la formación de profesionales con una profunda conciencia social a través de una educación basada en el humanismo y de vanguardia.
Entrevistado poco después de la asamblea universitaria en el teatro “Amalia G. de Castillo Ledón” del Centro Cultural Tamaulipas, González Plascencia expresó que el compromiso de la UAT por alcanzar la excelencia educativa responde a una visión con responsabilidad social para lograr la formación integral de sus estudiantes.
Resaltó tres puntos fundamentales del Plan de Desarrollo Institucional: la alineación de la agenda universitaria con el desarrollo del país, especialmente en la región fronteriza; la formación de talento en áreas críticas como la salud, producción de alimentos, preservación del medio ambiente, energías limpias y economía digital; y la conversión de las universidades en catalizadoras del progreso, adaptando los modelos curriculares a las nuevas realidades globales y aprovechando las oportunidades que brinda la relocalización de las cadenas productivas en la entidad.
Felicitó al rector Anaya Alvarado porque el Plan de Desarrollo Integral “constituye una importante herramienta de prospectiva que perfila a la UAT como un espacio abierto, inclusivo, flexible, en un entorno, sin dejar de mencionar que destaca el respeto a los derechos y promueve la interacción con los sectores productivos para que los egresados encuentren oportunidades laborales.
Por último, el máximo dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, “ya no siente lo duro, sino lo tupido”, como dice el viejo refrán, puesto que fue creada una comisión especial para acelerar su salida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que será presidida por Ana Teresa Arando Orozco. Entre los posibles relevos se encuentran Jorge Romero Herrera, Adriana Dávila Fernández, Damián Zepeda Vidales y Francisco Domínguez Servién.
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