En verdad resultó desconcertante que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya declarado en la conferencia matutina del pueblo de ayer en Palacio Nacional que: “el marino que se quitó la vida no estaba involucrado en la red de corrupción del huachicol fiscal”, en clara referencia del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien supuestamente se suicidó el pasado lunes en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.
Y más cuando el extitular de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, declaró cuando se convirtió en testigo protegido que el capitán Pérez Ramírez, formaba parte de la red de corrupción del huachicol fiscal que encabezaba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dijo también durante la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional que el capitán Pérez Ramírez no estaba involucrado en la red de corrupción del huachicol fiscal, además dio entender que el supuesto suicidio del mando naval fue por otro motivo.
Esta contradicción en lugar aclarar el supuesto suicido del capitán Pérez Ramírez generó una fuerte especulación en redes sociales, en donde se fortaleció la versión de que el mando naval fue eliminado porque sabía los nombres y cantidades que recibían otros involucrados en la red de corrupción del huachicol fiscal en los puertos de Altamira y de Tampico.
Por cierto, el columnista Héctor De Mauleón Rodríguez en su colaboración de ayer titulada “Asesinatos ligados al huachicol envuelve a la Marina”, detalla que el nombre del capitán Pérez Ramírez aparecía en la lista de marinos que permitían la descarga de buques de huachicol en el puerto de Tampico.
De Mauleón Rodríguez también comentó que el extitular de la Aduana de Tampico, Torres Joaquín recibió 100 mil pesos en abril de 2024, enviados por el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, operador de la red de corrupción del huachicol fiscal que tejieron el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán.
El prestigiado columnista se refirió a otros casos de huachicol registrados en Tamaulipas, como el que se describe en forma textual: “A finales de mayo de 2023, y a solo dos semanas de dejar su puesto en el área de Comercio Exterior de la Aduana de Matamoros para asumir el cargo de Subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, hombres armados sacaron a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias del restaurante donde desayunaba. Horas más tarde el funcionario fue encontrado muerto”.
Describe otros casos, como la muerte de Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como el “Rey del Huachicol”, quien fue ejecutado en noviembre del 2021 cuando salía de una peluquería en San Pedro Garza García, Nuevo León, ya que se había convertido en testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
En el ámbito local, la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas sentenció a Mario Gómez Monroy, extitular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), a 19 años de prisión y el pago de más de 8 millones de pesos como reparación del daño que le causó a la dependencia estatal.
La jueza Rodríguez Salinas señaló que los delitos en contra de Gómez Monroy son por el ejercicio ilícito del Servicio Público y por Peculado, puesto que, como Subsecretario de Administración de la SET en enero de 2018, firmó un acuerdo sin contar con las facultades legales para ello, cuyo delito se califica como uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero desviado fue empleado para realizar pagos a proveedores sin justificación legal y para fines personales, por lo que ahora pasará una buena temporada en prisión.
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