Tras la abrogación del programa federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera el pasado mes de enero, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) advirtió que no existen indicios de un nuevo proceso de legalización. Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, coordinador estatal de la organización en Tamaulipas, señaló que impera la incertidumbre entre los propietarios que no lograron completar el trámite.
Incertidumbre jurídica para propietarios
Zúñiga Maldonado explicó que, tras el cierre del decreto, las instancias gubernamentales no han emitido información sobre el futuro de las unidades que permanecen en estatus irregular. «No se ha sabido nada; hay gente que quiere saber qué pasará con sus vehículos, pero ninguna instancia de gobierno ha expresado nada en torno a la regularización», detalló el coordinador.
Esta falta de claridad afecta principalmente a quienes poseen unidades de procedencia norteamericana y dependen de ellas para sus actividades diarias, especialmente en zonas con escaso transporte público.
Amparos individuales como alternativa legal
Ante el cierre de la ventanilla federal, la ONAPPAFA anunció que promoverá amparos individuales para los ciudadanos cuyos trámites quedaron inconclusos. Estos juicios tienen como objetivo obligar a las autoridades a finalizar los procesos ya iniciados antes de la cancelación del decreto.
Los detalles de esta acción legal incluyen:
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Costo: 2 mil 500 pesos por concepto de honorarios legales.
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Naturaleza del trámite: Es una acción judicial ante tribunales, no un trámite administrativo directo.
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Carácter individual: La Ley de Amparo impide realizar este proceso de forma colectiva, por lo que cada propietario debe presentar su caso por separado para evitar que sea desechado.
Impacto en Tamaulipas y a nivel nacional
Se estima que en México existen entre 18 mil y 20 mil vehículos que quedaron atrapados en este limbo jurídico. En el caso específico de Tamaulipas, la organización calcula alrededor de 8 mil casos, con una mayor concentración en los municipios de la franja fronteriza.
Por el momento, la vía legal a través de la promoción del juicio de amparo es la única opción vigente para quienes buscan certeza sobre su patrimonio familiar frente a la ausencia de una nueva prórroga o decreto ejecutivo.
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