A un año de la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros en México, especialistas en derecho constitucional y judicial han evaluado la reforma impulsada por la Cuarta Transformación. Según su análisis, esta reforma ha permitido al Gobierno federal ejercer un control significativo sobre el Poder Judicial.
Una de las evidencias más notables de este control es que el Gobierno ha dejado de perder litigios de alto perfil ante la Suprema Corte. Asuntos de créditos fiscales multimillonarios, impuestos a empresarios críticos, bloqueos de cuentas bancarias y diversas reformas impulsadas por el oficialismo se han resuelto a favor del Ejecutivo.
Inicio de la transformación del Poder Judicial
La transformación del Poder Judicial se formalizó el 1 de junio de 2025, cuando 881 impartidores de justicia fueron elegidos mediante voto popular. Sin embargo, desde su implementación, este nuevo modelo ha enfrentado problemas administrativos, incluyendo:
- Protestas de juzgadores retirados por prestaciones pendientes.
- Denuncias de falta de insumos en tribunales.
- Renuncias de funcionarios, incluidos dos elegidos en las urnas.
El Ministro en retiro José Ramón Cossío ha expresado su opinión sobre el tema: «Me parece que las reformas tuvieron, desde su origen, el intento, por quedarse con el Poder Judicial de la Federación, dominar a la función judicial en todo el País». Según él, la modificación constitucional se aprobó sin un diagnóstico serio sobre los problemas de la justicia, y los foros de discusión solo validaron una decisión que ya estaba tomada.
Las críticas también son compartidas por el constitucionalista Diego Valadés, quien considera que la reforma y sus modificaciones posteriores constituyen una «pseudo reforma» que ha eliminado pilares fundamentales del sistema judicial. «Lo lamentable es que en México se tomó una decisión radical de sustituir a todos los juzgadores federales, excepto a quienes aceptaron las reglas del juego electoral. Esta decisión eliminó la carrera judicial y la independencia judicial, y afectó la calidad de la justicia», sostiene.
Por su parte, José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca como principal pérdida la desarticulación de la carrera judicial y del capital humano especializado que el Estado mexicano ha formado durante años.
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