Ahora que el titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, lanzó la voz de alerta acerca de que escasea el agua en 10 municipios en la frontera entre Texas y Tamaulipas, se recrudece lo que se ha denominado “La guerra del agua con Estados Unidos” porque si bien es cierto que se debe de dar preferencia el abasto del vital liquido para el consumo humano, nuestros vecinos del norte no les importa y exigen el pago de la cuota establecida en el Tratado de Aguas de 1944.
No debemos olvidar que, en abril pasado, el presidente Donald Trump amenazó a México por violar el Tratado de Aguas porque adeudaba más de 1,600 millones de metros cúbicos de agua a Texas, por lo que de inmediato el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se utilizará el almacenamiento que había en las presas Marte R. Gómez de Tamaulipas y El Cuchillo de Nuevo León.
Lógicamente que la entrega del agua a favor de los agricultores, ganaderos y municipios del valle del Río Bravo en Texas, afectó a los productores agrícolas tanto en Tamaulipas como en Nuevo León.
En el caso de nuestra entidad, la decisión presidencial pone en riesgo el riego que requieren los productores del Distrito 025, es decir de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.
Y aunque Quiroga Álvarez señaló que por el momento el abasto de agua para el consumo humano en estos 10 municipios fronterizos está garantizado, no descarta la posibilidad de que se empiece a “tandear” porque los niveles de almacenamiento han bajado en las principales presas internacionales en la frontera entre México y Estados Unidos, “La Amistad” y “Falcón”.
La preocupación del funcionario estatal es porque la temporada de lluvias concluirá en septiembre y no se prevé que se registren lluvias intensas para que las presas Marte R. Gómez de Tamaulipas y El Cuchillo de Nuevo León, recuperen buenos niveles de almacenamiento.
Reveló que existe la posibilidad de solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el trasvase de la presa El Cuchillo para Tamaulipas, cuya decisión se debe tomar en octubre próximo.
Se espera que el presidente Donald Trump no vuelva a amenazar con aplicar aranceles a México en caso de que se retrase el pago de agua a los texanos, pero sobre todo que el Dios Tlaloc escuche los ruegos de los agricultores tamaulipecos para que se registren intensas lluvias en nuestra entidad.
En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado y el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Sutuat), José Luis Castañón Ramos, culminaron las negociaciones para lograr un acuerdo laboral y formalizar la firma del Contrato Colectivo de Trabajo del 2025 que regirá las relaciones contractuales de nuestra alma mater.
La firma se realizó en la sala de juntas de la rectoría de la UAT, en donde también estuvieron presentes, el secretario de Trabajo y Conflictos del Sutuat, Juan Gabriel Puga Limón; la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el abogado general de la UAT, Ismael Quintanilla Acosta y el secretario de Administración de la UAT, Jesús Francisco Castillo Cedillo.
En su intervención, el rector Anaya Alvarado destacó que la firma del Contrato Colectivo de Trabajo representa la madurez institucional y el compromiso compartido entre la UAT y el Sutuat para lograr soluciones consensuadas y satisfactorias para ambas partes.
Reiteró que el diálogo y la cooperación son pilares esenciales para consolidar el desarrollo de la UAT, puesto que se busca mantener un entorno laboral estable, que promueva el bienestar de toda la comunidad académica y administrativa.
En tanto, el dirigente sindical Castañón Ramos reconoció la disposición de las autoridades universitarias durante la revisión salarial, el acuerdo de prestaciones y condiciones laborales en beneficio del personal sindicalizado.
Por otra parte, ayer se realizó la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de la reconfiguración que sufrirá por la reciente reforma judicial que dicta la elección de ministras y ministros del máximo tribunal de justicia en el país.
La última sesión del Pleno de la SCJN estuvo presidida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero antes de irse dictó una resolución que protege las columnas de opinión bajo el derecho de la libertad de expresión consagrada en la constitución.
La Alianza de Medios MX celebró la resolución de la SCJN porque fortalece el derecho a la libertad de expresión y consolida la protección jurídica de las columnas de opinión con información de dominio público verificable.
La resolución se derivó de un amparo que promovió el periodista Sergio Aguayo Quezada contra una sentencia que lo obligaba a pagar una indemnización al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, ya que en todo momento la opinión difundida se basó en hechos de interés público, que fueron ampliamente investigados.
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