Como parte de las políticas del Gobierno Federal en su lucha contra el lavado de dinero, se llevó a cabo la suspensión de 13 casinos que operaban en distintas zonas del país.
La información dada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalla que estos casinos operaban de forma física y digital, con métodos irregulares, donde muchas personas también habían sido estafadas.
Sus operaciones eran en Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, el Estado de México, Chiapas, y la Ciudad de México.
El gabinete de seguridad federal realizó una investigación en los casinos involucrados, y se detectó patrones de riesgos, operaciones inusuales, y vínculos transnacionales que afectan la integridad del sistema financiero.
Una de las tácticas reveladas, era el uso de identidades ajenas de amas de casa, estudiantes y jubilados, a quienes les entregaban tarjetas propagadas, o códigos electrónicos. Con apuestas mínimas que realizaban estas personas, se transformaban en el sistema del casino en ganancias millonarias, que se canalizaban en el extranjero a través de empresas fachadas, y luego regresaban al país a través de ingresos legítimos.
Con todo lo encontrado de forma irregular, García Harfuch explicó que se ordenó la suspensión temporal de las actividades en establecimientos físicos que no tenían las disposiciones legales, y se bloqueó las páginas electrónicas de los casinos virtuales.
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