La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas diseña un esquema de regularización orientado a los concesionarios del transporte público que mantienen adeudos históricos. Esta iniciativa permitiría a los operadores ponerse al corriente mediante un pago único, resolviendo situaciones de morosidad que, en algunos casos, superan la década de rezago fiscal.
Carlos Iran Ramírez González, secretario de Finanzas, informó que la propuesta formal se presentará una vez que la Subsecretaría de Transporte finalice el censo actual sobre la situación jurídica y financiera de las unidades. Este diagnóstico es fundamental para determinar las reglas de operación del programa.
Montos estimulados y alcance del padrón
El funcionario adelantó que los concesionarios con adeudos podrían liquidar su situación con una cuota única menor a los 15 mil pesos. De concretarse, este monto cubriría las obligaciones de los últimos tres años, permitiendo a los prestadores de servicio regularizar su estatus para operar sin contratiempos legales.
Actualmente, el estado cuenta con un registro de 19 mil concesiones, de las cuales aproximadamente 10 mil presentan rezagos en sus pagos. El objetivo central de la dependencia es depurar el padrón y brindar certidumbre tanto a la administración estatal como a los trabajadores del volante.
Orden administrativo y modernización
Ramírez González explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral coordinada con la Subsecretaría de Transporte para incentivar la competitividad del sector.
“Lo que se pretende es poner orden en estos adeudos y que permita a quienes se dedican a esta actividad estar en condiciones de ir al corriente y pensar más adelante en modernizar sus unidades”, puntualizó el secretario.
Fecha de implementación
El plan se integra a los incentivos fiscales previstos para el ejercicio 2026. Se estima que el mecanismo de regularización entre en vigor a partir de febrero, una vez que se establezcan los requisitos formales y se publiquen los lineamientos correspondientes en el Periódico Oficial del Estado.
Esta política busca eliminar las barreras financieras que impiden la renovación de la flota vehicular y asegurar que el servicio de transporte público cumpla con los estándares de seguridad y legalidad exigidos por la normativa vigente.
Autor
Descubre más desde Cronista
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
