La investigación por el presunto abuso sexual cometido contra dos doctoras residentes en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria requiere un abordaje integral con perspectiva de género. Mientras el proceso judicial avanza, las especialistas enfrentan una campaña de acoso y violencia digital en redes sociales, impulsada por personas cercanas al señalado como agresor.
El imputado, identificado como Carlos R., alias “La Rana”, cuenta con una defensa pública integrada por familiares y amistades, quienes se manifestaron recientemente en la vía pública para reclamar su inocencia. Los manifestantes argumentan que la detención fue injusta y aseguran que el acusado no laboró en el nosocomio el día de los hechos.
Denuncian violencia digital y revictimización
El caso ha trascendido el ámbito legal para convertirse en un juicio mediático. A través de diversas plataformas digitales, grupos de apoyo al detenido han exigido que las víctimas revelen su identidad y muestren sus rostros. Estas acciones han sido señaladas como una violación directa a los protocolos de protección y una clara revictimización de las doctoras.
La demanda de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades busca garantizar que se respeten los derechos de las denunciantes y se detenga el hostigamiento. Organizaciones y expertos en derechos humanos recalcan que la exposición de las víctimas en redes sociales constituye una modalidad de violencia que obstaculiza el acceso a la justicia.
Situación jurídica y defensa del imputado
La defensa de Carlos R. sostiene que la Fiscalía General de Justicia incurrió en fallas a los protocolos durante su captura. Según sus allegados, existen pruebas que demuestran que el sospechoso no se encontraba en las instalaciones del Hospital Infantil al momento del presunto ataque.
Sin embargo, el proceso continúa bajo la vigilancia de colectivos que demandan que el Estado garantice un entorno seguro para las mujeres en el sector salud. El manejo de este caso será clave para sentar precedentes sobre la seguridad laboral de los médicos residentes y la aplicación de protocolos de género en instituciones públicas de Tamaulipas.
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