Reportes preliminares de los hechos afirmaron que agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrieron fuego contra la familia y mataron «por error al menor» el jueves
Además de condenar el asesinato, que por “error”, cometieron agentes investigadores, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas, Gilberto Ávalos Martínez, reprochó el “escueto” comunicado que emitió el jueves pasado la Fiscalía General de Justicia, donde “reafirma su compromiso de realizar las acciones correspondientes para el esclarecimiento de estos lamentables hechos”.
El Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas A.C. lamentó con profundo pesar e indignación los hechos ocurridos en la carretera de Reynosa, donde un menor de 7 años falleció a causa de impactos de bala, mientras que sus padres fueron heridos.
El gremio jurídico, precisó Ávalos Martínez, calificó el caso como una violación flagrante al Estado de Derecho y a los derechos humanos, y exigió una investigación autónoma, imparcial y supervisada por organismos especializados, que derive en sanciones penales, administrativas y civiles contra los responsables.
“No puede haber justicia verdadera cuando se recurre a la coacción o a la simulación legal para encubrir a los responsables”, señala el documento emitido por el Colegio.
Asimismo, también condenó cualquier intento de resolver la tragedia mediante ofrecimientos económicos, calificando como inmoral e insultante condicionar el apoyo funerario a la firma de un “perdón”.
Y advirtió que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado no puede ni debe ser tolerado, pues vulnera la confianza ciudadana y genera un clima de impunidad.
“La vida de un niño inocente no puede ser ignorada ni tratada como una estadística más. No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin verdad.”
Como parte de su compromiso ético, el Colegio de Abogados Penalistas ofreció asesoría legal gratuita y acompañamiento institucional a la familia afectada, e hizo un llamado a la sociedad civil, organismos de derechos humanos y al gremio jurídico nacional a mantener la vigilancia activa sobre el caso.
“La justicia será exigida con firmeza, sin concesiones ni silencios cómplices”, concluyó el penalista.
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