Luego de las denuncias mediáticas sobre presuntas irregularidades en la actuación de una jueza de Altamira, el presidente del Poder Judicial del Estado, Hernán de la Garza, confirmó que instruyó una visita especial al Juzgado Tercero de lo Familiar, para evaluar el desempeño de Roxane Ibarra Canul, toda vez que hay quejas en los procesos de custodia de menores.
“Tenemos conocimiento de un caso que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación. He instruido una visita especial al juzgado para conocer las circunstancias particulares y determinar si existió alguna falta administrativa”, expuso el magistrado presidente.
Revisarán Actuación en Caso de Menor de Tres Años
Explicó que la revisión será realizada por la Visitaduría Judicial, con el objetivo de proteger los derechos de la menor involucrada y garantizar la legalidad del proceso.
Y es que, el caso más reciente involucra a una menor de tres años, en el cual existe una denuncia porque no se respetaron los protocolos con perspectiva de género ni el interés superior de la infancia, lo que originó incluso una manifestación en calles de Tampico.
De la Garza subrayó que no se puede prejuzgar con base en información mediática, pero sí actuar de oficio ante situaciones que generan preocupación pública.
El caso ha sido señalado por la diputada local Lucero Deosdady Martínez, quien dijo haber recibido por lo menos seis denuncias ciudadanas contra la jueza.
Tribunal de Disciplina Heredará Casos no Concluidos
Asimismo, De la Garza Tamez, aceptó que la jueza señalada, Roxanne Ibarra Canul, fue electa en la elección judicial del pasado uno de junio, continuando en el Poder Judicial a partir de octubre.
Sin embargo, el también presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que los asuntos no concluidos en cuanto a investigaciones a servidores del Poder Judicial pasarán al Tribunal de Disciplina Judicial, de nueva creación, si no son concluidas al 30 de septiembre.
Respecto a posibles denuncias previas, De la Garza indicó que existen procedimientos administrativos abiertos contra diversos servidores públicos, los cuales serán entregados al nuevo Tribunal de Disciplina al concluir el ejercicio de los actuales consejeros.
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