Investigaremos a los jueces, pero qué haga lo propia la Fiscalía; Hernán de la Garza

El presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán de la Garza Tamez, corroboró que a través de la visitaduría del Poder Judicial del Estado (PJE), se ordenó iniciar una investigación exhaustiva y rigurosa en contra de dos jueces, Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a la región de Reynosa, por su intervención en resoluciones judiciales penales relacionadas con el delito de extorsión.

Sin embargo, el también presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pidió al Congreso del Estado, que los exhortos como el que realizó, debieran ser dirigidos también a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, por ser participantes en estos procesos y determinante su actuación.

De la Garza Tamez, expuso que lo anterior es en respuesta al exhorto que hiciera la diputación permanente del Congreso local al Consejo de la Judicatura, en un tema de extorsión de dos casos diferentes, donde los jueces liberaron mediante medidas cautelares diversas a la prisión preventiva a los imputados.

“Esto genera preocupación en las víctimas y en la sociedad que quiere sentir la seguridad del rigor de la ley a quien le corresponda, de tal suerte que el Consejo de la Judicatura inició las investigaciones; tenemos conocimiento de estos casos, en lo particular he estado revisando, por supuesto, y sin el ánimo de prejuzgar porque esto se hará a su debido tiempo”, precisó.

Señaló que el Consejo de la Judicatura, luego de sesionar, acordó dar acuse de recibo al exhorto enviado por el Congreso local y se ordenó que se investigue a ambos jueces adscritos a Reynosa a través de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado.

«Ordenándose que se soliciten los informes respectivos a los jueces que hemos mencionado y a la vez que se inicie una investigación exhaustiva, rigurosa, sobre lo que plantea el Congreso del Estado, en el sentido de que se analice a profundidad este caso para determinar si eventualmente podría existir alguna responsabilidad de los jueces», dijo.

Explicó que son dos procedimientos diferentes en los que, el primero de ellos, el juez Aldo René Rocha decreta prisión preventiva oficiosa y a la vez prisión preventiva justificada para los cuatro imputados, esta última sustentada en tres elementos básicos.

“El primero, en el sentido de que consideró a las personas de alto riesgo, el segundo, que no tenían arraigo y el tercero, por la naturaleza del delito, que es de alta penalidad”, añadió.

No obstante, los jueces de distrito, séptimo y octavo, con residencia en Reynosa, concedieron a los imputados, en ambos casos, el amparo, para que los jueces prescindieran de mantener la prisión preventiva oficiosa, por considerarla inconvencional, de tal suerte que ordenaron a los jueces que quitaran la prisión preventiva oficiosa.

Explicó que tras el análisis del primer caso, al eliminar la prisión preventiva oficiosa, subsistía la prisión preventiva justificada y en relación a esta, la defensa solicitó una audiencia para el cambio de las medidas cautelares, argumentando que los imputados no son de alto riesgo, sustentando su argumento con un dictamen emitido por la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se establece que dichos imputados son de bajo riesgo y no se sustraerían de la acción de la justicia.

Ese dictamen no fue objetado por el Ministerio Público, ni por el asesor jurídico de la víctima, además de que la defensa acreditó el arraigo de los imputados, sin que existiera controversia sobre tales elementos de prueba, de tal suerte que el juzgador, ya no tenía dos de los tres elementos en los que había sustentado la prisión preventiva justificada, aunque reiteró que sin ánimo de prejuzgar se hará un análisis a fondo.

«Llama la atención que haya habido una conformidad del Ministerio Público en este caso particular porque no se interpuso recurso de apelación y esto me lleva a mi a también en respuesta al exhorto del Congreso que sí sería bueno que no se limite en pedir se investigue a los jueces, deberían considerar que todas las partes que intervienen, Ministerio Público y la unidad de la Subsecretaría, analizar por qué se da un dictamen de esta naturaleza», indicó.

Finalmente, consideró que la determinación de la actuación de los jueces, para saber si fue apegada a derecho o pudieron incurrir en alguna responsabilidad, podría llevarse un par de semanas.