La titular de la Contraloría estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que un juez de distrito en Reynosa, ordenó reponer desde su origen un procedimiento en contra del ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, esto después de que la dependencia gubernamental, le había impuesto una inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública.
“En el caso de la investigación administrativa que se abrió, al observar una presunta falta de incumplimiento normativo en el otorgamiento de las FIAT notariales, en la que no se observó toda la normatividad, varias personas en esa investigación están implicadas, incluido el ex titular del Ejecutivo estatal”.
Contraloría explica proceso de inhabilitación y defensa legal
Explicó que, por parte de la Contraloría se emitió una inhabilitación por un año, toda vez que, es una falta que compete resolver, al incumplir la norma y ser reincidentes, tomándose en cuenta que fueron diferentes FIAT las que se otorgaron sin apego al proceso normativo en los últimos meses de la anterior administración estatal.
“Se emite una inhabilitación, la persona en cuestión -el ex gobernador- acude a sus recursos e instancias para su defensa y así ha venido el proceso, en el que el juez emite una resolución a favor de la persona donde dice que se regrese al momento de las notificaciones, que es lo que cuestionan”, detalló Pedraza Melo.
Contraloría respeta fallo, pero insiste en sanciones
La funcionaria, precisó que la Contraloría respeta la decisión del juez de distrito, pero están en desacuerdo con esa resolución, de tal forma que la dependencia del Gobierno del Estado ha recurrido ha caminos legales para seguir trabajando en este como en otros casos, en los que ha impuesto como sanción una inhabilitación.
“Ellos cuestionan las notificaciones (abogados del ex gobernador), y la Ley ya prevé, cuando una persona no está o señala no estar en los domicilios o no se les localiza; la legislación contempla los mecanismos de notificación y las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la Contraloría han sido muy cuidadosas del debido proceso”, dijo.
Refirió que los mecanismos de notificación a los que se ha recurrido, están en la Ley de Responsabilidades Administrativas y la legislación del Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, por eso es el desacuerdo con el juez, pero se respeta.
En ese contexto, Pedraza Melo, aceptó que el proceso de inhabilitación contra el ex mandatario se regresará a su inicio, aunque en el mismo procedimiento se está cuestionando la resolución por el lado jurídico y autoridad resolutora de la dependencia estatal.
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