Con una decisión unánime y sin reservas, el Congreso del Estado de Tamaulipas cerró la puerta de forma definitiva al matrimonio infantil, al aprobar una reforma que establece los 18 años como edad mínima obligatoria para contraer matrimonio, sin excepciones ni justificaciones por usos y costumbres.
La reforma modifica la Ley para el Desarrollo Familiar y representa un hito legal para la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad. El dictamen, promovido por el diputado morenista Sergio Arturo Ojeda Castillo, fue avalado por las comisiones unidas de Niñez, Adolescencia y Juventud, y de Estudios Legislativos Primera, y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Reforma introduce lenguaje inclusivo y neutralidad de género
Además de la prohibición categórica del matrimonio antes de los 18 años, la reforma también reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “personas contrayentes”, alineando el marco normativo con principios de lenguaje inclusivo y neutralidad de género.
La nueva redacción del artículo 3 establece con claridad:
“Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio”,
y define el matrimonio como un acuerdo libre y voluntario entre las personas contrayentes. El artículo 9 también fue reformulado para garantizar los derechos derivados del matrimonio sin distinción de edad o género.
Se armoniza con tratados internacionales y reforma constitucional
Durante la discusión, los legisladores coincidieron en que el matrimonio infantil es una violación grave a los derechos humanos, que condena especialmente a las niñas a un ciclo de vulnerabilidad: abandono escolar, embarazos tempranos, violencia doméstica y pobreza estructural.
El promovente destacó que, según estudios científicos, el desarrollo del lóbulo prefrontal —área cerebral responsable de la toma de decisiones— continúa hasta los 25 años. Por ello, establecer los 18 como edad mínima legal no solo responde al marco legal internacional, sino también a la evidencia científica.
Esta reforma también armoniza la legislación estatal con la reforma constitucional federal aprobada en febrero de 2024, que prohíbe el matrimonio infantil incluso en comunidades indígenas y bajo el amparo de prácticas consuetudinarias.
La decisión del Congreso de Tamaulipas se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con los compromisos globales en materia de igualdad de género, educación de calidad, salud y erradicación de la pobreza infantil.
Con esta reforma, el Congreso de Tamaulipas refuerza el blindaje legal contra una práctica histórica que perpetuaba la desigualdad de género y envía un mensaje firme: “En esta entidad, la niñez no se casa. Se protege.”
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