La llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama aseveró que 10 millones de personas participarán en la elección judicial del próximo 1° de junio, ya que ha visto el interés de la ciudadanía en sus actos de campaña, pero se le olvida que la mayoría de los asistentes son acarreados por los llamados servidores de la nación que manejan los Programas Integrales de Bienestar.
La controvertida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cree que los gritos de apoyo, los vivas que lanzan los asistentes en sus actos de campaña, entre otras manifestaciones populares son auténticas, sin embargo, en realidad son gentes que han sido adiestradas para ambientar los actos públicos de los morenistas y además cobran por cada apoyo “desinteresado”.
Tan se cree que tiene un verdadero apoyo popular que no duda en que será la próxima presidenta de la SCJN, aunque lo mismo piensan sus compañeras ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes seguramente lucharán con todo por el codiciado cargo.
A propósito, la ministra Ortiz Ahlf enfrenta una acusación por tráfico de influencias y corrupción ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, puesto que la denuncia señala que Abel Chávez Salinas, yerno de ella, utilizó su vínculo familiar para influir en procesos judiciales relacionado con un desfalco en el banco Santander.
El caso llama la atención porque establece el vínculo que tiene la ministra Ortiz Ahlf y su yerno con el empresario Rafael Zaga Tawil, quien está prófugo de la justicia mexicana por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, sin dejar de mencionar que el socio o conocido de ambos es acusado de desviar 5 mil millones de pesos del Infonavit, cuyo caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción de este organismo.
La denuncia en los Estados Unidos, según la ministra Ortiz Ahlf, son parte de una estrategia de la derecha de nuestro país para impedir la elección judicial, pero nunca se refirió al caso en su contra, ni mucho menos lo desmintió.
De regreso con los 10 millones de votos que supuestamente habrá en la elección judicial del próximo 1° de junio, vamos a ver si el pronóstico de la llamada “ministra del pueblo” se cumple, puesto que todo indica que no se logrará porque no hay el menor interés de la ciudadanía por el inédito proceso, sobre todo por lo complicado que será la emisión del voto para elegir a los juzgadores.
Si bien es cierto que la campaña de la elección judicial tiene poco más de una semana y por ende apenas la ciudadanía se empieza a enterar que hay un proceso en marcha en el país, no se puede dejar de señalar que ni siquiera las autoridades electorales están convencidas de que la gente saldrá a votar el próximo 1° de junio.
Aunque existen casos en que con un solo voto se obtendrá un cargo en la elección judicial de Tamaulipas, puesto que hay ocho candidatos que van solos en la contienda electoral porque no tienen contrincantes o adversarios.
Los ocho candidatos que no tienen competencia son: Juan Reyes Walter, del Distrito 07 para juez Penal Tradicional con cabecera en Antiguo Morelos, quien fue propuesto por los tres Comités de Evaluación.
En el mismo caso, se encuentra Pedro Alberto Guerrero Hernández para el cargo de juez de Oralidad Penal para Adolescentes, por el Distrito 06 con cabecera en Antiguo Morelos, así como también Ramón Barrientos, candidato a juez Menor de Distrito y Carlos Castillo Acevedo, candidato a juez Menor del Distrito 10.
De igual forma, está Luis Alberto Cendejas Morales, candidato a juez Menor por el Distrito 03, además de Brenda del Carmen Hernández, candidata para juez Menor en el Distrito 09.
Asimismo, se encuentra Heriberto Gustavo Arreola González, candidato a juez Menor del Distrito 05 y Perla Patricia Hernández Quintero, candidata a jueza de Primera Instancia Mixto en Materia Civil y Familiar.
En otro tema, ayer comparecieron los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración, Jesús Lavín Verástegui y Luisa Eugenia Manautou Galván, respectivamente, ante diputadas y diputados del Congreso Local, en donde anunciaron que Tamaulipas goza de estabilidad financiera y que el gasto público busca fortalecer la economía local.
Lavín Verástegui señaló que pese a la crítica situación económica del país, en Tamaulipas está garantizada la continuidad de los programas sociales y de la inversión en obras estratégicas, en tanto Manautou Galván reveló que el 85% de las compras del gobierno estatal se realizan a comerciantes locales.
El titular de Finanzas descartó que exista un subejercicio del gasto público, como se ha difundido en redes sociales, sino más bien estos recursos están en proceso de ejecución conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera.
La titular de Administración señaló que el padrón de proveedores del gobierno estatal es de 3 mil 430 empresarios, de los cuales 2 mil 708 son comerciantes tamaulipecos.
El encargado de las finanzas públicas del estado destacó que las principales calificadoras financieras internacionales otorgaron a Tamaulipas una calificación crediticia “Triple A” por tener una administración confiable y una sólida economía.
La encargada de la administración del estado señaló que la implementación de lineamientos en las compras del gobierno estatal generó un ahorro de poco más de 32 millones de pesos, puesto que en la actualidad la adquisición de bienes y servicios se contrata en las mejores condiciones financieras.
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