La reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum —anunciada con firmeza en su conferencia matutina de Palacio Nacional— despierta expectativas, pasiones y recelos en el panorama político nacional. Su principal objetivo parte de la idea de bajar costos y limitar el financiamiento público que reciben los partidos políticos en cada proceso de votación, sin que el ejercicio democrático pierda legitimidad.
Es probable que el debate se extienda durante semanas, e incluso meses, antes de consolidar un consenso. Aunque la mandataria aclaró que no existe una fecha exacta para presentar la iniciativa, el ambiente se ha caldeado alrededor de los planteamientos que buscan remodelar la forma de entender la contienda electoral en México.
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La presidenta abordó el tema de la reforma electoral de manera directa en una de sus más recientes conferencias matutinas. La fecha para formalizarla sigue en el aire, aunque enfatizó que su gobierno planea abrir mesas de debate.
El objetivo consiste en recabar opiniones de expertos, académicos y actores políticos —un intento por nutrir la propuesta y evitar vacíos legales—. Tal proceso podría posponer la presentación hasta que las condiciones en el Congreso sean más propicias para la discusión.
Dentro de esa misma conferencia, la mandataria deslizó otros proyectos que pretende impulsar en el periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero. Mencionó, por ejemplo, la reforma que prohíbe la reelección inmediata de titulares de cargos de elección popular.
Puntos centrales de la reforma electoral
La visión de Sheinbaum contempla tres ejes. El primero y más destacado: reducir los costos de cada elección, una propuesta que lleva años rondando la discusión pública. El afán es ahorrar recursos sin afectar la equidad, la transparencia o la confiabilidad de los resultados.
El segundo bloque se centra en disminuir la financiación pública a los partidos políticos, ya que todavía prevalece la percepción de que los fondos asignados exceden lo permisible. Algunos analistas sostienen que a menudo esos recursos se convierten en un galardón para campañas excesivamente costosas.
El tercer pilar —quizá el más polémico— elimina las listas de representación proporcional para que los ciudadanos elijan directamente a sus candidatos. Actualmente, varios integrantes de la Cámara de Diputados y senadores llegan gracias a ese método, que se estableció en la reforma política-electoral de 1977.
En esa época, el esquema pretendía abrir las puertas del Congreso a voces minoritarias. Sin ese componente, advierten ciertos legisladores, podría dañarse la pluralidad parlamentaria y concentrarse el poder en solo unos cuantos partidos mayoritarios.
Reacciones diversas: el choque con Noroña
El titular de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó su inconformidad casi de inmediato. Enumeró la propuesta de eliminar los plurinominales como una «barbaridad», refiriéndose al elevado costo histórico que conllevó la creación de espacios para las minorías.
Afirmó que, en gran medida, la reforma electoral de 1977 facilitó la democratización en la nación. Según su criterio, suprimir ese mecanismo podría impedir la entrada de grupos vulnerables, pequeños partidos y proyectos en desarrollo que, sin este recurso, nunca tendrían una posición.
Fernández Noroña se manifestó contundente al indicar que muchos desconocen la historia de la progresión electoral en México. Respuso que la representación proporcional se originó de una batalla feroz contra sistemas autoritarios. Defendió que hoy en día, ese recurso aún asegura la participación de agrupaciones con escasas oportunidades de obtener ganancias en distritos uninominales.
Objetivo de reducir costos y financiamiento
La insistencia en recortar el financiamiento público a los partidos nace de una constante demanda social: optimizar el presupuesto y asignarlo de manera responsable. Los detractores de este planteamiento argumentan que, al reducir los recursos, se incentivaría la búsqueda de donaciones privadas que, a su vez, podrían poner en riesgo la equidad de la contienda.
No obstante, Sheinbaum argumenta que la propuesta no merma la vigilancia electoral, puesto que busca preservar la autoridad responsable de supervisar la transparencia de los ingresos y egresos de cada partido político.
El objetivo es lograr un punto de estabilidad, algo que posibilite que las campañas continúen funcionando con un flujo económico lógico. Las críticas indican que, en algunos casos, la escasez de fondos impide la divulgación de propuestas y la implicación de organizaciones emergentes.
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