LaLiga ha logrado un avance judicial sin precedentes en su lucha contra la piratería futbolística en España. Esta vez, la organización ha obtenido autorización para identificar de manera semanal a usuarios que accedan a emisiones ilegales de los partidos a través de servicios P2P, concretamente con la plataforma AceStream.
El objetivo es recabar nombres, direcciones y documentos identificativos, algo que, hasta hace muy poco, se consideraba fuera del alcance de la entidad deportiva.
Un antes y un después en la cacería de infractores
Durante las temporadas previas, los esfuerzos de LaLiga se dirigían a localizar y cerrar servidores piratas o sitios que distribuyeran las señales de forma ilegal. Esos operativos perseguían a proveedores que lucraban con las emisiones, buscando cortar el flujo de la piratería desde la raíz.
El giro actual se centra en el usuario final. Quienes vean de manera clandestina los partidos podrían recibir requerimientos legales donde se les exija una compensación económica a cambio de evitar repercusiones peores.
En marzo, la organización ya envió miles de cartas reclamando 450 euros a personas supuestamente involucradas. Luego, en una campaña más reciente, se exigieron 262 euros a quienes se detectó usando AceStream.
Este marco no se limita a rumores o especulaciones. El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, mediante una autorización firmada el 8 de julio, permite a LaLiga pedir de manera periódica —semanal— los datos de suscriptores que estén relacionados con IPs sospechosas de ver encuentros sin licencia.
La inteligencia detrás del control de IPs
LaLiga ha desarrollado la tecnología necesaria para rastrear, compilar y supervisar las direcciones IP vinculadas a emisiones no autorizadas, incluso cuando se trate de redes P2P donde las señales se comparten de manera distribuida.
Esta capacidad de monitoreo no es nueva, aunque la diferencia actual radica en el acceso oficial a datos que incluyen nombre, domicilio y número de identificación de cada usuario involucrado. Juristas especializados en derecho informático señalan la delicada línea que separa la persecución legítima del delito y la protección de la privacidad individual.
La medida se extiende hasta mayo de 2025, de modo que, a lo largo de toda la temporada 2024/25, el control estará vigente.
Precedentes y cartas de conciliación
En foros como Forocoches se han mostrado cartas y demandas de conciliación enviadas a usuarios acusados de ver los partidos de manera ilícita. Los destinatarios se han sorprendido con cantidades que rondan los 261,65 euros, conminándolos a pagar para evitar litigios más complejos.
Algunos expertos advierten que tales demandas de conciliación, al ser un proceso voluntario, podrían usarse como instrumento de presión psicológica. Varios aficionados se quejan de lo caro que resulta seguir todos los encuentros de la temporada de manera legal.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha sostenido que, si los usuarios pagaran por ver fútbol, el precio bajaría, un comentario que ha sido interpretado por algunos como una manera de culpar a los consumidores.
Lo que pretende LaLiga
LaLaLiga defiende que la piratería daña gravemente al fútbol, y que se hace necesaria una postura estricta para detener las retransmisiones ilegales. La organización, por medio de su Departamento de Fraude Digital, subraya que la sostenibilidad de la industria pasa por asegurar el pago de derechos televisivos, que terminan financiando los equipos, las mejoras en instalaciones y, en definitiva, el espectáculo de la máxima competición.
El acceso a datos identificativos de los usuarios, argumentan, es una herramienta vital para castigar a quienes fomentan o se aprovechan de redes P2P que transmiten contenido sin autorización. De este modo, la cacería no solo se enfoca en grandes redes piratas que revenden la señal en privado, también apunta a individuos que se conectan para disfrutar del fútbol sin suscripción válida.
Costes, demandas y un fútbol cada vez más caro
LaLiga siempre ha pretendido que el producto sea atractivo a escala global. Sin embargo, los precios de las plataformas para ver los partidos hacen que muchos aficionados terminen explorando vías alternativas. Aun así, los entendidos en materia de privacidad reiteran la existencia de métodos para ocultar la IP real, algo que complica el plan de la organización.
Por un lado, LaLiga y las operadoras defienden el derecho a que el espectáculo se pague. Por otro, el aficionado asfixiado que no puede costear cada jornada, y busca una alternativa de streaming que parezca inocua, aunque sea ilegal.
En medio de ese pulso, la nueva autorización judicial apunta a crear miedo, un elemento disuasorio para quien se plantee ver un encuentro a través de canales no oficiales.
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