De acuerdo con un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la situación socioeconómica en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes. Al finalizar el primer trimestre de este año, la pobreza se situó en un 55.5% de la población, lo que equivale a aproximadamente 25 millones de habitantes. Este dramático incremento en las cifras de pobreza ha sido acompañado por un aumento en la indigencia, que ahora afecta al 17.5% de los argentinos.
Este panorama contrasta fuertemente con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que indican una pobreza del 41.7% en el segundo semestre de 2023. El Indec planea publicar los resultados del primer semestre de 2024 en septiembre, pero la disparidad en las cifras de ambos organismos resalta diferencias metodológicas significativas.
Mientras que el Indec basa su estimación principalmente en los ingresos, el Observatorio de la UCA adopta un enfoque multidimensional que también considera el acceso a servicios esenciales.
Crisis Económica y Repercusiones Sociales
La difusión del informe de la UCA se produce en un contexto de crisis económica profunda en Argentina. La economía del país está atravesando una severa recesión, lo que ha llevado a un desaceleramiento de la inflación, aunque ésta aún se mantuvo en un preocupante 8.8% mensual en abril.
Los costos de los servicios esenciales han experimentado un aumento vertiginoso, con incrementos promedio de más del 300% en el último trimestre. En Buenos Aires, por ejemplo, el boleto de metro subió un 450% entre mayo y junio.
La situación se complica aún más con la alta informalidad laboral, que afecta a casi el 50% de la economía. El salario mínimo en Argentina se encuentra en 234,315 pesos (aproximadamente 192 dólares al tipo de cambio ‘blue’).
Este salario es insuficiente frente al costo de vida: en abril, las familias necesitaron 828,000 pesos (unos 655 dólares al tipo de cambio ‘blue’) para cubrir sus gastos básicos de alimentos, salud y vivienda. Esto representa un aumento del 67% desde enero y del 300% en el último año.
La publicación del informe de la UCA también ocurre tras un llamado del Episcopado al gobierno de Javier Milei para distribuir miles de toneladas de alimentos que se acumularon desde que en diciembre se suspendió la asistencia alimentaria para auditar los comedores comunitarios.
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