Las calles de Seúl amanecieron con un ambiente tenso. Poco antes del amanecer, investigadores de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios -conocida como CIO- ingresaron en un complejo presidencial fuertemente vigilado en busca del presidente de Corea del Sur.
Un amplio despliegue de seguridad y la presencia de cientos de seguidores de Yoon Suk Yeol marcaron las primeras horas de este suceso que, a ojos de la historia, transforma a Yoon en el primer mandatario en ejercicio detenido en el país.
La cronología de los hechos
Todo se remonta a varias semanas atrás, cuando la CIO emitió la primera orden de comparecencia contra el mandatario. Dicha orden buscaba aclarar lo ocurrido con su proclamación de la ley marcial, acto que generó conmoción y fuertes críticas en la sociedad surcoreana.
Ante la negativa de Yoon de presentarse a los llamados, los investigadores decidieron recurrir a un operativo más contundente. El resultado de esa estrategia resultó evidente: el arresto se produjo el miércoles 15 de enero, tras varias horas de forcejeos y resistencia.
Las confrontaciones iniciales, que habían frustrado un intento similar el 3 de enero, concluyeron con el equipo de seguridad del presidente viéndose rebasado. Según trascendió, los investigadores persistieron en su misión hasta burlar tres anillos de protección.
El ambiente estaba cargado de tensión: agentes especiales, policías y partidarios del mandatario convergían en las inmediaciones del recinto presidencial. El dispositivo de seguridad incluyó a más de 3,000 policías, mientras que cerca de 6,500 simpatizantes de Yoon se agolparon en las calles aledañas para expresar su apoyo.
CIO anunció la detención del presidente de Corea del Sur
Al final, la CIO anunció la detención formal del presidente. Este acto histórico -nunca antes documentado en Corea del Sur- ocurre en medio de acusaciones de insurrección y posibles abusos de poder, con énfasis en la controversia suscitada por aquella declaración efímera de ley marcial.
Las autoridades sostienen que Yoon, al desoír las citaciones oficiales en repetidas ocasiones, se enfrentó de manera directa a los protocolos judiciales y administrativos. La posibilidad de retenerlo durante 48 horas -o incluso por un plazo de hasta 20 días, si un juez otorga una orden adicional- ha generado un acalorado debate jurídico.
Para algunos, este paso firme de las autoridades representa una muestra de la independencia de las instituciones. Para otros, implica un riesgo para la estabilidad del gobierno, dado que la Oficina de la Presidencia ha quedado bajo intensa supervisión de la CIO, de la Policía e incluso del Ministerio de Defensa.
Esta situación pudo haberse evitado
Muchos analistas coinciden en que esta situación pudo haberse evitado. Las advertencias de la CIO habían sido claras desde el momento en que Yoon desoyó la notificación de comparecencia por primera vez.
Durante aquella ocasión, el equipo de seguridad del mandatario mantuvo a raya a los investigadores cerca de seis horas, impidiendo su paso mientras se negociaba la posibilidad de un interrogatorio voluntario. No obstante, ese intento colapsó y la orden de arresto continuó vigente.
La detención del presidente de Corea del Sur ocurrió el 15 de enero. Con planeación minuciosa y un amplio contingente, los agentes de la CIO lograron forzar un cerco que el equipo presidencial había erigido a toda prisa.
La policía, con una voz contundente que resonaba a través de altavoces, alertó una y otra vez: cualquier individuo que obstruyera el cumplimiento de la orden de arresto sería pasible de detención por interferir con las labores judiciales. Ese mensaje se repitió en bucle, buscando disuadir a la multitud que se oponía a la incursión.
Manifestantes del Partido del Poder Popular
Entre los manifestantes, pudo verse también a miembros del Partido del Poder Popular -en el que milita el propio Yoon-. Alrededor de treinta parlamentarios de esa formación política se desplazaron a la zona para protestar contra la acción de la CIO. Llevaban pancartas, gritaban consignas de repudio y exigían una reconsideración de la medida.
Aun con esos intentos de defensa, el avance de la oficina anticorrupción continuó sin pausa. La residencia presidencial, rodeada de altos muros y barreras metálicas, lucía acordonada por militares. Dichos efectivos se mantenían alertas, aunque sin involucrarse directamente en las fricciones del operativo.
Se supo que algunos abogados del presidente de Corea del Sur entablaron conversaciones de último minuto con los agentes de la CIO para coordinar un testimonio voluntario, pero la negociación se rompió en cuestión de minutos. Un portavoz del mandatario negó la veracidad de la detención ante los medios, aunque la propia CIO lo confirmó al cierre de la mañana.
En el trasfondo de estos hechos se alude a la presunta declaración de ley marcial que Yoon habría dado el mes pasado. Aquel anuncio, fugaz y, según testigos, cargado de retórica, desató reacciones inmediatas en el seno del gobierno y de la ciudadanía. Muchas voces consideraron que Yoon había extralimitado sus funciones, poniendo en jaque la estabilidad de la nación.
La policía y el Ministerio de Defensa ampliaron la investigación para esclarecer si, en efecto, se intentó subvertir el orden constitucional por vías militares.
¿Yoon quiso ejercer una autoridad excesiva?
Expertos legales resaltan que la CIO no está actuando en solitario. Existen otros departamentos gubernamentales que también han abierto expedientes sobre el caso, intentando determinar las motivaciones detrás de esa posible insurrección.
El eje central de las pesquisas apunta a comprender si Yoon quiso ejercer una autoridad excesiva, aprovechando su investidura para reprimir disidencias políticas u oponerse a algún contrapeso institucional. Por ahora, no hay respuestas definitivas y el proceso judicial podría alargarse durante meses.
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